En un tiempo de continuo bombardeo propagandístico nacionalista, ha llegado la hora de defender lo común. Defender la unidad de España no significa defender una identidad o un sentimiento; significa defender un Estado formado no por territorios, sino por ciudadanos (que somos los únicos sujetos de derechos) que residen en diferentes territorios y que pueden tener diferentes identidades, sentimientos o creencias, pero son iguales ante la ley al margen de todas esas consideraciones. Y la ley no va a resolver nunca las creencias ni sentimientos de nadie, ni mucho menos imponerlas como dogma a todos los ciudadanos (experiencias hay en la historia como para no repetirlas). La ley es, precisamente, el marco que permite la convivencia de todas ellas sin que éstas supongan diferencias en cuanto a derechos.